La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, representa un avance significativo en la legislación española en materia de compliance y protección de los denunciantes. A continuación, se detallan aspectos clave de esta ley y sus implicaciones para las empresas con 50 o más empleados:
Contenidos
Obligaciones principales de la Ley 2/2023
- Canal de denuncias: Todas las empresas con 50 o más empleados deben implementar un canal de denuncias para que trabajadores, proveedores, extrabajadores, autónomos subcontratados o pasantes puedan informar sobre cualquier infracción normativa o conducta corrupta. Este canal debe ser accesible y garantizar la confidencialidad de los denunciantes.
Empresas afectadas
- Alcance: La obligación se extiende a todas las empresas privadas que superen el umbral de 50 empleados, independientemente de su sector de actividad o volumen de facturación. También incluye a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, así como entidades relacionadas con la Unión Europea en ámbitos específicos.
Plazos de implementación
- Para empresas de más de 249 empleados: El plazo finalizó el 13 de junio de 2023.
- Para empresas de 50 a 249 empleados: La fecha límite fue el 1 de diciembre de 2023.
- Municipios con menos de 10.000 habitantes: También debieron adaptarse para el 1 de diciembre de 2023.
Requisitos del canal de denuncias
Los canales de denuncias deben cumplir con ciertos requisitos, como asegurar la autenticidad, identidad y confidencialidad de todas las partes involucradas, permitir denuncias tanto escritas como verbales, y designar a un responsable imparcial para el seguimiento e investigación de las denuncias. Además, deben emitir un acuse de recibo en no más de 7 días y solo el personal autorizado podrá acceder a las denuncias.
Sanciones
Las empresas que incumplan con la obligación de establecer un canal de denuncias se enfrentan a sanciones económicas significativas. Las multas pueden alcanzar hasta 1 millón de euros para las empresas en casos de mayor gravedad.
Otros aspectos relevantes
Además del enfoque en la creación de canales de denuncias, la ley también modifica aspectos en materia de protección de datos y establece obligaciones adicionales para las empresas en relación con la inclusión social y la igualdad de género.
Es crucial para las empresas cumplir con estas disposiciones para evitar sanciones y promover un entorno laboral ético y transparente.
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